La violencia del Complejo Industrial de la Frontera
Por: Cristina Jo Pérez*
Traducción: Jimena Reides
Imagen: Colectivo Indecline
Apoyándose en el caso de la muerte del mexicano Anastasio Hernández Rojas en 2010 a manos de las fuerzas de seguridad fronterizas, Cristina Jo Pérez propone utilizar la crítica queer de color para desactivar el discurso oficial del “bad hombre” esgrimido por Donald Trump y el aparato de seguridad estadounidense contra los inmigrantes en situación irregular.
El 29 de mayo de 2010, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puso a Anastasio Hernández Rojas bajo custodia por cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos desde Tijuana a San Diego. Durante algunas horas, los agentes retuvieron a Hernández Rojas, lo amenazaron diciéndole que sería deportado y lo golpearon brutalmente. Algunos días después de su arresto, Hernández Rojas falleció en un hospital de San Diego.[i] Creo que los intercambios violentos entre los mexicanos que cruzan la frontera y los agentes, como los que se dieron entre Hernández Rojas y los oficiales que lo arrestaron, demuestran cómo en la frontera los mexicanos son considerados amenazas delictivas contra las que se debe defender a los ciudadanos estadounidenses. En este ensayo, los documentos de los tribunales, los vídeos de teléfonos celulares y los medios de comunicación sirven como prueba para mostrar el modo en que se usó la violencia física como medio para disciplinar a los inmigrantes indocumentados.
El caso de Hernández Rojas también dirige nuestra atención hacia el campo discursivo más extenso donde la muerte de este “bad hombre”,[ii] y de aquellos como él, se representan como no-muertes por las que no se debe guardar luto. De hecho, luego de que Hernández Rojas falleciera, la retórica del estado se centró en sus delitos para sugerir que su muerte no solo estaba justificada, sino que en realidad había sido la culpa de Hernández Rojas. A continuación, también tendré en cuenta los hallazgos oficiales del Departamento de Justicia y la cobertura de los medios de comunicación para demostrar que la muerte de este mexicano que cruzó la frontera, junto con otros 27 que murieron en encuentros con oficiales de la CBP entre enero de 2010 y febrero de 2014,[iii] se describen como necesarias para que los ciudadanos estadounidenses puedan estar seguros dentro de los límites de su nación.
Inicialmente atraído por las oportunidades económicas de Estados Unidos en la década de 1980, Anastasio Hernández Rojas consiguió trabajo en el área de la construcción. Con el tiempo, Hernández Rojas conoció a su esposa y formaron una familia en San Diego, que creció hasta incluir a sus cinco hijos. En mayo de 2010, después de pasar veintisiete años trabajando con éxito en San Diego, Hernández Rojas descubrió que el trabajo se había acabado. Mientras en los Estados Unidos la mayoría continuaba sintiendo los efectos de la recesión de 2008, es probable que la situación particularmente precaria de Hernández Rojas como trabajador indocumentado contribuyera a su lucha por encontrar trabajo. Aun así, en mayo de 2010, Hernández Rojas sintió la necesidad de conseguir una botella de tequila y un bistec, sin los medios para pagarlos. Por ese motivo, los robó, lo atraparon y lo arrestaron.[iv]
Luego de arrestarlo, los oficiales revisaron sus antecedentes y, probablemente como consecuencia de la intensificación del intercambio de información entre las fuerzas de seguridad ocasionado por “Comunidades Seguras: Programa Integral para Identificar y Deportar Extranjeros Criminales”[v], lo identificaron como inmigrante indocumentado. La misión de Comunidades Seguras era “mejorar la seguridad pública mediante la implementación de un enfoque amplio e integrado para identificar y deportar extranjeros criminales en los Estados Unidos”. Era una misión puesta en marcha a través de una red de vigilancia que incluía la identificación biométrica nacional, la verificación de registros de todos los individuos arrestados y el compromiso de cumplir con estas verificaciones rápidamente. Luego de identificar a un inmigrante indocumentado, Comunidades Seguras priorizaba “las acciones coercitivas para garantizar la detención y la deportación de los extranjeros criminales peligrosos”.[vi] Por lo tanto, en el caso de Hernández Rojas, lo deportaron a México.
Cuando estuvo nuevamente en México, Hernández Rojas llamó a su esposa y le prometió que regresaría con ella y sus cinco hijos en poco tiempo. Como respuesta, la esposa de Hernández Rojas recuerda haberle dicho que no volviera, pues la seguridad en la frontera era muy estricta.[vii] Algunos días después, a pesar de las advertencias de su esposa, intentó volver a entrar en los Estados Unidos, no mediante un puesto de control fronterizo oficial, sino atravesando el desierto. En el proceso, Hernández Rojas, sin darse cuenta, se tropezó con un sensor terrestre, colocado en el desierto, subvencionado y monitoreado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Los oficiales de esta patrulla lo arrestaron y lo llevaron a un centro de detención en San Diego. La demanda presentada por la familia de Hernández Rojas luego alegaría que mientras lo retenían y lo interrogaban en el centro de detención, un agente lo pateó en un tobillo que ya tenía quebrado de antes. Con un dolor insoportable, Hernández Rojas pidió atención médica y que le permitieran presentar una denuncia contra el agente que lo había pateado, un hombre identificado en los documentos solo como Agente V325. En lugar de recibir atención, el Agente V325 y otro agente violaron el protocolo que establecía que lo llevaran a un centro de deportación y, en cambio, condujeron a Hernández Rojas hacia la frontera. Según los informes oficiales al detenido se le quitaron las esposas y se puso combativo a causa de las metanfetaminas encontradas en su sistema. A su vez, los oficiales en la escena no tuvieron otra opción que pedir refuerzos y responder con la fuerza.[viii]
Una investigación realizada por el actor, periodista y activista John Carlos Frey y también la investigación del Servicio Público de Radiodifusión (PBS, por sus siglas en inglés) revelaron que la historia oficial es, en el mejor de los casos, una excesiva simplificación de algo grave y, en el peor de los casos, una historia contada con la intención de cubrir la brutalidad de los agentes. Los médicos contactados por el equipo indicaron que la cantidad de metanfetamina en el sistema de Hernández Rojas no era suficiente como para desencadenar una conducta violenta. Además, los vídeos capturados con celular por los ciudadanos estadounidenses que estaban cruzando hacia San Diego desde Tijuana indicaron que no es posible que Hernández Rojas haya sido tan violento como sugieren los agentes porque tenía las manos esposadas y los pies atados y porque estuvo en el suelo la mayor parte del tiempo durante la interacción. Los vídeos de teléfono celular ofrecidos por transeúntes como Umberto Navarrete y Ashley Young registraron a Hernández Rojas pidiendo ayuda a gritos y rogándole al grupo de agentes que seguía creciendo y que se turnaba para golpearlo que por favor se detuviera. El vídeo, una vez esclarecido, captura a un agente quitándole los pantalones a Hernández Rojas, a otro poniendo sus piernas alrededor de la garganta de Hernández Rojas para asfixiarlo, y las cinco veces que le dieron con una pistola Taser, incluido el “aturdimiento de cerca” final aplicado directamente sobre la piel. El 31 de mayo de 2010, dos días después de que lo pusieran bajo custodia, Hernández Rojas murió en un hospital de San Diego.[ix]
La violencia física que Hernández Rojas enfrentó a lo largo de la frontera México-EE. UU. no es solo el trabajo de aproximadamente una docena de agentes. También es la historia del Complejo Industrial de la Frontera (BIC, por sus siglas en inglés). En mi proyecto, intenté construir el trabajo crítico de investigadores que teorizan sobre los complejos industriales militares y de prisiones para comprender el gasto excesivo de los Estados Unidos en “seguridad” doméstica e internacional, a la vez que llena los bolsillos de las empresas privadas estadounidenses. Asimismo, sostengo que, al igual que los complejos industriales militares y de prisiones, la BIC transforma de forma exitosa los discursos de la “desviación” racial, sexual y de género para justificar la detención y la acción diferida violentas, el aumento de la vigilancia y una vigilancia policial intensificada.[x]
Más específicamente, en el caso de Hernández Rojas, encontramos pruebas de un mexicano que cruzó la frontera y cuya presencia se toleró, a pesar de haber sido considerado un desviado, porque su trabajo era aprovechable. Hasta que dejó de serlo. Cuando la mano de obra de Hernández Rojas ya no era necesaria, cuando se convirtió en un excedente, lo tacharon de criminal y fue objeto de violencia por parte de la BIC. Primero, enfrentó la violencia de la vigilancia, la deportación y la separación de su familia. Luego, enfrentó la violencia de que el gobierno estadounidense le impidiera cruzar la frontera legalmente por “ejercer” la seguridad de la frontera para un público xenofóbico.[xi] De este modo, Hernández Rojas intentó cruzar la frontera de forma ilegal, lo que era más peligroso, no solo por el paisaje hostil del desierto, sino también por una geografía hecha nuevamente por una “pared virtual” costosa y cargada de tecnología, remodelada con sensores subterráneos, iluminación como la de los estadios, cámaras de tecnología punta y un número cada vez mayor de autos patrullando la frontera. Finalmente, Hernández Rojas hizo frente a la violencia física de lo que Juan González de Democracy Now denominó “una matanza de la mafia: simplemente una mafia con uniforme”.[xii]
Sin duda, Anastasio Hernández Rojas sufrió diferentes formas de violencia física por parte del Complejo Industrial de la Frontera, pero el Complejo también influye en el modo en que el gobierno de los Estados Unidos habla sobre la violencia en la frontera y la representa contra los mexicanos. De hecho, los casos del dolor y la muerte de los inmigrantes con frecuencia alimentan a la BIC, por lo que, en lugar de presentarse como sujetos cuya muerte podríamos llorar, su fallecimiento generalmente se usa para justificar la necesidad de una mayor inversión en las fuerzas policiales de la frontera sur de los Estados Unidos.
Con el pretexto de realizar una investigación sobre la muerte de Hernández Rojas, el Departamento de Justicia permaneció en silencio durante cinco años luego del incidente. Finalmente, el 6 de noviembre de 2015, el Departamento de Justicia emitió una declaración en la que la agencia manifestó que no se iniciarían acciones federales contra los agentes implicados. La narrativa del Departamento de Justicia sobre la muerte de Hernández Rojas es reveladora. En la declaración oficial, este ministerio sostiene que en la frontera se le quitaron las esposas a Hernández Rojas, pero que continuó siendo una amenaza pues “forcejeó” con dos oficiales de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. En respuesta, los oficiales pidieron refuerzos y “golpearon [a Hernández Rojas] repetidas veces con sus bastones ASP” antes de esposarlo nuevamente. Asimismo, el Departamento de Justicia informa que Hernández Rojas intentó patear a los agentes al menos dos veces más y, por este motivo, se pidieron más refuerzos, le dieron con la pistola Taser y se tranquilizó, pero luego “no respondía. Los oficiales de la CBP le hicieron RCP hasta que llegó personal médico a la escena”.[xiii] Esta narrativa autoritaria, por encima de la respuesta inevitablemente violenta de la CBP, hizo hincapié en los “actos criminales” de entrada ilegal, consumo de drogas y resistencia al arresto.
En especial, recalcó que fue el consumo de drogas lo que ocasionó la violencia y también la razón principal de la muerte de Hernández Rojas. Al explicar la causa de la muerte, el Departamento de Justicia identificó “intoxicación aguda por metanfetamina, enfermedad cardíaca preexistente, el nivel de esfuerzo físico realizado durante la lucha, los electrochoques de la pistola Taser y la restricción posicional” como causas que contribuyeron al ataque cardíaco que sufrió Hernández Rojas. Pero solo se destaca la intoxicación por metanfetamina, ya que el examinador médico declaró que podría haber sobrevivido la golpiza si la metanfetamina no hubiera estado presente.[xiv] Por lo tanto, el acto delictivo del consumo de drogas se torna no solo significativo, sino que más importante que el uso de los bastones, las pistolas Taser y las restricciones aplicadas.
Además del énfasis puesto en el consumo de drogas de Hernández Rojas, el documento también se apoya fuertemente en la resistencia criminal de Hernández Rojas a seguir órdenes. El lenguaje de los hallazgos demostró la afirmación de Slavoj Žižek de que no toda la violencia es igual. En efecto, aunque generalmente consideramos que la violencia resulta de las acciones del autor de un delito, acciones que pueden incluir, por ejemplo, una entrada ilegal, la presunta resistencia a obedecer las órdenes de los agentes y el robo de bienes, Žižek nos exhorta a considerar las formas menos visibles de violencia. Por ejemplo, la violencia sistemática se refiere a “la violencia inherente en un sistema: no solo la violencia física directa, sino también las formas más sutiles de coerción que sustentan las relaciones de dominación y explotación, incluyendo la amenaza de violencia”. Al comparar la violencia sistemática con la “‘materia oscura’ de la física”, Žižek sostiene que debe representarse la violencia sistemática para poder comprender las violencias más visibles perpetradas por los autores del delito.[xv] Dentro de esta nueva formulación, los actos delictivos de Hernández Rojas no se pueden tomar como algo separado de los actos de violencia perpetrados por el Estado. Por ejemplo, el reingreso ilegal de Hernández Rojas adquiere un matiz diferente por la violencia de la separación con la familia. Que se haya resistido al arresto no puede entenderse como algo separado de la violencia de los agentes: las patadas en un tobillo, el uso de un bastón, el electrochoque de la pistola Taser directamente sobre la piel. El concepto de violencia estatal reencuadra su resistencia, como un intento que tal vez no fuera de infringir la ley, sino de sobrevivir.
No obstante, no cabe en nuestra comprensión de la violencia reconocer momentos en los que la resistencia adquiere formas violentas. Los estudios étnicos del investigador Randall Williams afirman que los estados toman el poder al reclamar un monopolio sobre la violencia. Entonces, conforme a la opinión de Williams, dicho monopolio queda establecido a través del mecanismo de la ley. En otras palabras, el estado “convierte” su propia violencia en legalidad mientras que lo que denomina “violencia resistente” se torna ilegal.[xvi] El Departamento de Justicia promulga este mismo protocolo a la vez que descarta cualquier acusación potencial contra los agentes y los oficiales, publicando la declaración de que no puede “desautorizar la afirmación de los agentes de que usaron la fuerza razonable en un intento por reducir y limitar a un arrestado combativo”. No se los puede acusar de haber violado los derechos civiles de Hernández Rojas porque no hay pruebas de que tuvieran la intención de violar sus derechos. No se los puede acusar de homicidio pues no se puede probar que usaron sus pistolas Taser con “intención dolosa”. No se pueden presentar cargos por homicidio culposo porque su conducta “no fue ilegal y, según las pruebas recopiladas sobre el entrenamiento de los agentes federales en el uso de la fuerza, sus acciones no se realizaron sin la debida cautela y precaución”.[xvii]
Por último, al negarse a identificar la muerte de Hernández Rojas como asesinato y al no reconocer que los agentes implicados se comportaron violentamente, el Departamento de Justicia afirmó que Hernández Rojas era uno de los “extranjeros criminales” contra los que la BIC debe defender a los ciudadanos estadounidenses. Siete meses y diez días después, el mismo Departamento emitió un comunicado exonerando al Agente V325 y a los otros oficiales involucrados en la muerte de Hernández Rojas. Donald Trump se hizo eco de la preocupación del Departamento de Justicia sobre los “extranjeros criminales” cuando, frente a una multitud de banderas estadounidenses, recitó un fragmento que se ha repetido una y otra vez en los principales periódicos estadounidenses:
“Cuando México envía a su gente, no nos envía a los mejores. No te está enviando a ti (señala a alguien en el público). No te está enviando a ti (señala a otra persona en el público). Envía a gente con muchos problemas, que nos trae esos problemas. Traen drogas. Traen delitos. Traen violadores. Y supongo que algunos son buenas personas”.
Tanto en la declaración del Departamento de Justicia como en la de Donald Trump, vemos rastros del argumento que sostiene que los sujetos mexicanos que cruzan la frontera, como Hernández Rojas, representan una amenaza para los ciudadanos como los “tú” y “tú” que Trump señaló en el público presente en sus anuncios presidenciales. Estos “bad hombres” no son sujetos cuya muerte se deba llorar, sino que constituyen la prueba de que debemos continuar defendiendo las fronteras porque justo del otro lado del desierto, de la delgadísima cerca de alambre de púas o de la pared virtual, hay una nación de criminales. En estos argumentos, hay un llamado a continuar invirtiendo en aumentar radicalmente el número de agentes de la patrulla fronteriza, en drones no tripulados para patrullar los cielos y en paredes de ladrillo y cemento.
Finalmente, tanto en el argumento del Departamento de Justicia como en el de Donald Trump yace una trampa retórica. Ambos describen a Hernández Rojas y a los otros sujetos mexicanos que cruzan la frontera como criminales y desviados. Para poder refutar esa declaración, los inmigrantes y los activistas tendrían que recurrir a nociones de respetabilidad o, como sostiene Lisa Marie Cacho, tendríamos que involucrarnos en ese proceso violento de afirmar que sus vidas son valiosas. Para Cacho, este proceso es violento porque refuerza un marco ideológico en el que algunas vidas importan porque otras no.[xviii] Por ejemplo, en casos como el de Hernández Rojas, se podría argumentar que su vida era valiosa porque era un “buen inmigrante”, debido a su familiar nuclear y heteronormativa y su condición de contribuyente. Admito que es tentador tratar de representar a Hernández Rojas como ese “buen inmigrante” para poder afirmar que no se merecía morir en manos de los agentes de la patrulla fronteriza. Pero la violencia en hacer esto es tal que deja intacta la noción de que las vidas de los “malos inmigrantes”, aquellos que rechazan el sueño americano, la familia normativa o una vida honesta, no son valiosas. Y de alguna forma, Hernández Rojas no me permitirá sostener este argumento porque él sí traía drogas y él sí traía crimen.
En su lectura sobre la muerte de otro desviado en razón de su raza y género, su primo, Cacho rechaza el lenguaje a través del que habitualmente se asigna el valor, recurriendo en cambio a la crítica queer de color como cuerpo de la literatura que interroga y critica el modo en que “la intersección racial y de género y las prácticas sexuales antagonizan o conspiran con las imposiciones normativas de los estados nación y el capital”[xix] para determinar el valor de la vida. Sugiere que la crítica queer de color “suspende el juicio”, de modo que podría proporcionar una base teórica para aquellos que no son ni normativos ni reticentes, una que dé espacio a la conectividad y a las intimidades que toman varias formas y apariencias. Así, lee momentos públicos y privados del luto para identificar los vacíos que dejó su primo en la vida de las personas que lo amaban. Al igual que Cacho, creo que debemos encontrar la forma de “suspender el juicio” en cuanto a si Hernández Rojas fue un “buen” o “mal” inmigrante y, en cambio, quisiera sugerir que pensemos en cómo esta historia revela la relación estrecha entre las vidas vividas
[i] Epstein, B. (20 de julio de 2012). Crossing the line, Part two. PBS Need to Know [Cruzar la línea, Parte dos. PBS Necesita saber] Extraído de http://www.pbs.org/wnet/need-to-know/video/video-crossing-the-line/14291/
[ii] Aquí me refiero al lenguaje utilizado por Donald Trump en el tercer debate presidencial contra Hillary Clinton. Para más información: https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/oct/20/donald-trump-bad-hombres-us-presidential-debate-las-vegas-video
[iii] Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). (28 de febrero de 2014). Declaración de la ACLU sobre la auditoría informada acerca de las políticas sobre uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza. San Diego: ACLU San Diego.
[iv] Epstein, 2012.
[v] A partir de julio de 2015, las Comunidades Seguras fueron reemplazadas por el Programa de Cumplimiento de Prioridad.
[vi] Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. (2009). Comunidades Seguras: un programa integral para identificar y deportar extranjeros criminales. Washington D.C.: Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
[vii] Epstein, 2012.
[viii] Epstein, 2012.
[ix] Epstein, 2012.
[x] Para más información sobre el Complejo Industrial de la Frontera y el Complejo Industrial de Prisiones consultar: Hartung (2001) y Davis (2013).
[xi] Andreas, P. (2000). Border games: Policing the US-Mexico divide [Juegos en la frontera: patrullando la división entre EE. UU. y México]. Ithaca, NY: Cornell University Press.
[xii] Democracy Now. (2016, Mar 30). Familia de hombre mexicano “torturado y asesinado” por agentes de la frontera de EE.UU. pide justicia ante tribunal internacional. Extraído de https://www.democracynow.org/es/2016/3/30/family_of_mexican_man_tortured_killed
[xiii] Departamento de Justicia. (6 de noviembre de 2015). Los oficiales federales cierran la investigación sobre la muerte de Anastasio Hernandez-Rojas. Washington, D.C.: Oficina de Asuntos Públicos.
[xiv] Departamento de Justicia, 2015.
[xv] Žižek, S. (2008). Violence: Six sideways reflections [Violencia: seis reflexiones laterales]. Nueva York: Picador.
[xvi] Williams, R. (2010). The divided world: Human rights and its violence [El mundo dividido: los derechos humanos y su violencia]. Mineápolis: University of Minnesota Press.
[xvii] Departamento de Justicia, 2015.
[xviii] Cacho, L. M. (2011). Racialized hauntings of the devalued dead [Persecuciones racializadas de los muertos desvalorizados]. En G. K. Hong & R. A. Ferguson (eds.) Strange affinities: The gender and sexual politics of comparative racialization [Afinidades extrañas: las políticas sexuales y de género de la racialización comparativa] (25-53). Durham, Duke University Press.
[xix] R. Ferguson as in Cacho, 2011.
*Cristina Jo Pérez es profesora visitante y asistente de la cátedra de Estudios Comparativos de Frontera en la Universidad de California, Davis. Es graduada del Departamento de Estudios de Mujeres de la Universidad de Maryland y actualmente trabaja en un libro que explora la relación entre la percepción de «desviación» de los mexicanos y la violencia del complejo industrial fronterizo.
