Por: Gisèle Sapiro
Traducción: Jimena Reides
Introducción: Analía Gerbaudo
Imagen: «Man from Naples» (1982), Jean-Michel Basquiat

Gisele Sapiro aborda los juicios de depuración en Francia para pensar la responsabilidad del escritor frente a sus discursos, los alcances de la libertad de expresión y la relación entre autor y obra. «Traición nacional: los juicios de depuración» es un fragmento del capítulo «La responsabilidad legal del escritor entre la objetividad y la subjetividad»*, traducido por primera vez al español para Revista Transas por Jimena Reides y revisado por Daniela Dorfman.

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En 1944, después de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno provisional organizó una depuración (épuration) en la sociedad francesa de aquellos que habían colaborado con las fuerzas de ocupación alemanas. El delito por el que se los llevó a juicio fue traición a la patria: ‘inteligencia con el enemigo’, de acuerdo con los Artículos 75–83 del Código Penal, y ‘humillación nacional’ para casos más leves de colaboración (Novick 1968; Bancaud 2003: 73; Simonin 2008). Acá me voy a enfocar en el delito de ‘inteligencia con el enemigo’. Es el delito por el que el Capitán Dreyfus había sido enjuiciado cincuenta años antes, y fue debido a Dreyfus que el General Mercier solicitó el restablecimiento de la pena de muerte por este delito, que ocurrió en 1939.

De treinta y dos casos de escritores y periodistas enjuiciados en el período de épuration por el Tribunal de Justicia Cour de Justice de la Seine, un departamento cuya jurisdicción en París abarcó una alta concentración de intelectuales, doce fueron sentenciados a muerte, trece a trabajos forzados y seis a prisión. Solo uno fue absuelto. De los doce autores condenados a muerte, siete fueron fusilados. La tasa de ejecución de intelectuales fue, por lo tanto, mucho mayor que el promedio nacional del 11 por ciento (767 ejecuciones de 6763 penas de muerte durante la épuration). La gravedad del castigo al que se expuso a los intelectuales —muerte— provocó una intensa oleada de emociones en el mundo literario. La justicia parecía ser más severa con los autores que con los traidores económicos o políticos que proporcionaban los medios materiales para la colaboración. A muchos les pareció que los intelectuales sirvieron como chivos expiatorios de una sociedad entera. Según Fauconnet, la traición a la patria es el equivalente moderno del sacrilegio, para el que la sanción es colectiva. La épuration puede ser vista como un castigo colectivo, ya que apunta a la expiación en lugar de la prevención. Por otro lado, el hecho de que la colaboración diaria fue impuesta de manera estructural mediante la presencia de los ocupantes creó una responsabilidad objetiva en vez de una subjetiva.

El valor simbólico del castigo a los intelectuales fue permitir la transferencia de la responsabilidad colectiva y objetiva de la sociedad francesa a una responsabilidad individual y subjetiva: estos individuos tenían un nombre conocido por el público, expresaban sus ideas y creencias en público, se asumía que habían actuado de manera racional, personificaban una colaboración ideológica con agencia. Los cargos pudieron presentarse con rapidez, ya que la evidencia contra los autores era fácil de reunir y resultaba inequívoca cuando sus escritos habían servido abiertamente como propaganda del enemigo. Como dijo el fiscal en el juicio al periodista Herold-Paquis, ‘los escritos son los únicos testigos acá, no necesitamos ningún otro’.2 En las memorias que escribió para su defensa, el escritor y periodista Henri Béraud sostuvo, por el contrario, que dado que fue procesado por sus escritos, no fue juzgado por acciones, sino por sus ideas, por sus ‘opiniones’.3

Los juicios de depuración fueron claramente un caso de justicia política. ¿Significa esto que los acusados fueron condenados por sus opiniones (lo que, por supuesto, iría contra el principio democrático de libertad de expresión)? La respuesta es no, al menos no en principio. Los escritores no fueron llevados a juicio por sus ideas, sino por lo que fue definido como actos de traición a la patria. Ayudar a formular y divulgar los argumentos del enemigo era un acto de traición a la patria, al igual que denunciar a ciudadanos franceses. Los fiscales trataron de demostrar que las palabras conllevaban acciones, que eran ‘performativas’, que constituían un acto concreto. Las denuncias colectivas de judíos, gaullistas y comunistas se definían de esa manera. Por ejemplo, algunos de ellos, como Brasillach, habían exhortado al gobierno para que fusilara a los ‘traidores’, es decir, los gaullistas y los comunistas. Otros, como Charles Maurras o Lucien Rebatet, incluso incitaron al gobierno a que ejecutara a rehenes. El 25 de septiembre de 1942, en el contexto de detenciones y deportaciones de judíos, escribió: ‘Debemos separarnos de los judíos en bloc, y no quedarnos con los niños’. Sin embargo, era difícil demostrar una relación causal entre estos escritos y actos de violencia reales. No obstante, esta dimensión ‘performativa’ derivaba principalmente del hecho de que estos intelectuales tenían el respaldo del poder político y disfrutaban de un monopolio, dado que sus adversarios no podían contradecirlos en público.

En los juicios de depuración, todos los signos habituales del éxito de un escritor fueron tomados como evidencia del poder potencial de sus palabras (Sapiro 2006a): la audiencia del escritor (en especial cuando escribía para medios con gran circulación), la amplitud de su talento, que aumentaba su poder persuasivo y la eficacia de su propaganda, en particular entre los jóvenes. Como sostuvieron los fiscales, incluso su estilo literario, colorido o violento, podría haber servido para el interés del enemigo.

La defensa también invocó argumentos literarios y referencias académicas en lo que pareció una parodia de los juicios literarios del siglo XIX. En el transcurso del interrogatorio, el viejo escritor Abel Hermant, miembro de la Académie française, negó su responsabilidad subjetiva al sostener que un artículo era crítica literaria y otro ‘simplemente bufonada literaria’. Invocó la psicología y el efecto cómico, al explicar que ‘este artículo demuestra que cuando un hombre de letras prueba suerte con la política, siempre cae en la literatura. El escritor que hay en mí quedó sorprendido por el lado cómico de la manera en que se recibió a los jóvenes bolcheviques en Inglaterra’.4

De manera similar, el escritor fascista Lucien Rebatet afirmó que su virulento panfleto antirrepublicano y antisemita Les Décombres fue una ‘confesión’, no un instrumento de propaganda. El objetivo de la confesión era librarlo de los asuntos políticos, y ‘liberarlo de algunas de las cosas que lo hacían enojar’, para que pudiera dedicar su atención a la literatura. Al justificar su estilo a través de la referencia al dramaturgo y escritor de sátiras Courteline, observó que ‘un autor está mucho más preocupado por causar un efecto colorido, o describir tipos o personajes particulares, que por exponer y propagar una tesis política’. Dicho autor responderá de manera polémica cuando lo ataquen. Sin embargo, agregó, negando ahora responsabilidad objetiva, ‘¿No es siempre peor el ladrido del polemista que su mordida?’5

El abogado defensor de Robert Brasillach, Jacques Isorni, se refirió a Renan para explicar la infame observación de su cliente: ‘Durante esos años, los franceses pensantes efectivamente se metieron en la cama con Alemania, con unos pocos argumentos, y la experiencia les habrá dejado recuerdos felices’. ¿Acaso Renan no había escrito en el prefacio de su libro La Réforme intellectuelle et morale: ‘Alemania era mi amante’? Al igual que en el siglo XIX, los argumentos de ‘el arte por el arte’ se desarrollaron para absolver a los escritores acusados de ofensas contra la moralidad y la sociedad, ahora se esgrimía la literatura para justificar las obras que estaban acusadas, aunque éstas ya no eran ficción.

Aunque la defensa presentaba el talento como una circunstancia atenuante, en la mayoría de los juicios de depuración el fiscal sostenía que el acusado había abusado de su talento y su influencia con fines políticos o de propaganda y para servir al enemigo. El talento aparecía así desde el punto de vista de la fiscalía como una circunstancia agravante. En el juicio a Brasillach, el Commissaire du gouvernement (equivalente al fiscal general) Reboul especificó que la traición de Brasillach fue una ‘trahison des clercs’, una expresión que hacía referencia al ensayo de Julien Benda, La Trahison des clercs (1924), que denunciaba el compromiso político de los intelectuales como una deslealtad hacia su vocación y misión universal. Sostuvo que Brasillach traicionó la ética de cada aspecto de su profesión: fue el escritor que abandonó la literatura pura debido a su ambición de ampliar su audiencia y obtener influencia política; fue el intelectual que abusó de su autoridad y poder de persuasión entre los jóvenes para incitar a la denuncia y al delito; fue el crítico que abandonó el análisis imparcial por la propaganda traidora y las denuncias colectivas de comunistas, judíos y funcionarios públicos; y fue el académico que exigió la supresión de la libertad de expresión dentro de la Universidad. Estas acusaciones demostraron que los reclamos de los escritores por la autonomía y el derecho a criticar a la sociedad habían sido socialmente admitidos hasta tal punto que ahora se los culpaba por no haber sido más críticos de la política colaboracionista del gobierno de Vichy.
La fiscalía también culpó a los acusados por su servilismo con el enemigo y su falta de independencia, lo que se asocia a una debilidad de carácter, una característica generalmente ‘femenina’, al contrario de la fortaleza del carácter y la independencia del hombre ‘superior’. El servilismo es una característica moral primaria del traidor. Se estableció el retrato de la traidora femenina intelectual servil e irresponsable (en alusión a la homosexualidad en el caso de Brasillach; véase Kaplan 2000) en contraste con el héroe viril resistente.

Al negar la responsabilidad subjetiva, los argumentos de la defensa corroboraron esta imagen del traidor intelectual. Por lo general, consistieron en alegatos de buena fe, sinceridad y desinterés del acusado: no estuvo motivado por un mero interés financiero: actuó por convicción. Al hacer un contraste entre la doctrina y la política, el joven escritor Lucien Combelle invocó sus ideales socialistas. De manera similar, Robert Brasillach podía probablemente sostener que su punto de vista fascista y antisemita se basaba en una tradición absolutamente francesa. Todos juraban que habían defendido estas ideas y principios en aras de Francia, por patriotismo. Es cierto, algunos de ellos reconocieron, que a veces sus plumas habían ido más allá de lo que realmente pensaban, pero esas declaraciones se habían escrito ‘de manera polémica’.

En cualquier caso, afirmaron, solamente habían estado siguiendo la política oficial de Colaboración del gobierno francés y de su representante, el Mariscal Pétain. Muchos de ellos negaron su responsabilidad subjetiva, intentando transferirla a otros más arriba en la jerarquía: un líder, un superior o un mentor. Béraud, que era un renombrado escritor, ganador del premio Goncourt en 1922, y famoso escritor de sátiras que publicó en el semanario de extrema derecha Gringoire, que había alcanzado una tirada de 500,000 ejemplares en la década de 1930 y la mantuvo en alrededor del 300.000 durante la ocupación, le echó la culpa al Mariscal Pétain: ‘¿Cómo podría un simple ciudadano como yo, comandado por el Mariscal en Verdún, ayudado por él en mi carrera literaria, y tratado por él como un hijo, haber dudado de la autoridad del Mariscal? Lo seguí’.6 El joven crítico Lucien Combelle desvió su responsabilidad hacia el escritor Pierre Drieu La Rochelle, denunciando la influencia de su mayor. Abel Hermant simuló que había sido engañado por fuentes periodísticas. En retrospectiva, reconocieron que estaban equivocados pero, ¿se podía castigar un error con la muerte?

A diferencia de Béraud y Combelle antes de él, Brasillach fue el único escritor que asumió su exclusiva responsabilidad, aunque no admitió su culpa.

Brasillach fue fusilado el 6 de febrero de 1945, a los 35 años. Paradójicamente, esta ejecución fue una forma de reconocimiento del poder simbólico de los escritores, que los ayudó a preservar su capital simbólico (Rubinstein 1993). Unas semanas después, el escritor fascista Pierre Drieu La Rochelle se suicidó. En un ‘exordio’ que dejó, Drieu, al igual que Brasillach, se adjudicó toda la responsabilidad por sus acciones como intelectual. De acuerdo con Drieu (1992: 502–3), ‘El intelectual, el erudito, el artista, no es un ciudadano común. Tiene deberes y derechos superiores a los demás’.

Poco después, Sartre desarrolló una idea muy similar, que teorizó con el concepto de ‘literatura comprometida’. Sartre concibe la responsabilidad del escritor como ilimitada, a diferencia de la del médico u otros profesionales, porque ‘nombrar o designar significa darles sentido a los actos, hacerlos existir en la consciencia general’ (Sartre 1998: 21). Al cofundador de la principal organización literaria secreta, Jean Paulhan, que sostenía que el delito reside en los actos y no en las palabras, reprochándole al gobierno por sentenciar a los intelectuales de forma más severa que a los colaboradores políticos y económicos (Paulhan 1948: 98), Sartre le respondió que escribir era un acto, que era a sus ojos la forma suprema de acción (Sartre 1975: 260). Haciendo colapsar la oposición tradicional entre pensamiento y acción, la posición de Sartre compensaba el complejo de inferioridad de la Resistencia intelectual con respecto a la Resistencia armada. El escritor comprometido es el intelectual público viril, en contraste con el traidor servil.

Pero la responsabilidad del escritor se extiende, de acuerdo con Sartre, más allá del marco nacional que determina la responsabilidad legal. Mientras a los escritores se los juzgaba como traidores de la nación, Sartre desnacionalizaba el concepto de responsabilidad para darle un alcance más universal y, así, reafirmaba su autonomía respecto de los poderes políticos. El contexto de creciente conciencia de que los crímenes nazis, en especial la masacre de judíos, excedían los crímenes de guerra, le suministró los fundamentos (la noción de crímenes de lesa humanidad se hizo oficial en el juicio de Nuremberg, pero aún no se aplicaba a Francia). En su artículo ‘Oeil pour oeil’ (‘Ojo por ojo’), Simone de Beauvoir (1946: 816–7, 828) acusó a Brasillach no de haber cometido traición a la patria, sino de haber cometido un ‘pecado contra el hombre’ al tratar de ‘rebaj[ar] al hombre a una cosa’.

El concepto de responsabilidad de Sartre se basó en su filosofía de la libertad. Era porque el escritor representaba la expresión más alta de libertad que su responsabilidad era ilimitada y que su tarea era defender la libertad en todas partes del mundo (Sapiro 2006b). Refiriendo a Zola como modelo, la concepción de Sartre es la plasmación más extrema y más paradigmática de la responsabilidad subjetiva, en su versión autónoma.

Libertad de expresión y democracia en la Francia contemporánea

Roland Barthes desarrolló la posición contraria, comenzando en la década de 1950, con su concepción objetiva de ‘l’écriture’, que lo llevó a decretar la ‘muerte del autor’ en su famoso artículo de 1969 (Barthes 1984). El enfoque de Barthes estaba fuertemente relacionado con el nouveau roman, que renovó ‘el arte por el arte’, en contra de la literatura comprometida existencialista. Para el líder del nouveau roman, Robbe-Grillet, al igual que para Barthes, el autor solo se compromete con los problemas en el lenguaje.

En los ámbitos legales, la ley de 1939 que creó un comité para examinar los textos literarios compuesto de representantes de ligas de moralidad, del estado y de la Société des gens de lettres (la principal sociedad literaria en Francia) introdujo en la práctica una distinción entre textos con un valor literario y textos sin ese valor. Irónicamente, fue el representante de la Société des gens de lettres quien decidió en 1946 llevar a juicio las traducciones al francés de las novelas de Henry Miller Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio.

Aún más, a pesar de este aparente reconocimiento de la autonomía literaria, dicha autonomía se vio amenazada por el desarrollo de la práctica de la prohibición administrativa. La prohibición de escritos fue una práctica frecuente en tiempos de guerra. Durante la Guerra de Argelia, el gobierno prohibió obras que criticaran al gobierno y al ejército franceses, como La Question de Henri Alleg. Pero la prohibición no se limitó a los períodos de guerra. La ley de 1949 de protección de los jóvenes, que aún se encuentra vigente, permite la prohibición de cualquier libro que se considere pornográfico en el espacio público. La protección de la juventud reemplazó al interés nacional como justificación de la censura. La concepción objetiva de responsabilidad, independiente de las intenciones del autor, demostró ser más eficaz, dado que evitó todo debate público.

Entre los juicios más famosos que tuvieron lugar durante este mismo período estuvo el de Jean-Jacques Pauvert en 1956 por haber publicado las obras completas del Marqués de Sade. Pauvert recibió el apoyo de muchos escritores que argumentaron que la obra de Sade tenía un valor filosófico, más allá de su obscenidad. Aunque reconoció sus méritos literarios, el tribunal consideró que continuaba siendo ofensiva y peligrosa. En el juicio de apelación que se realizó dos años después, el fiscal denunció el error del tribunal al condenar la filosofía nihilista de Sade e hizo un alegato a favor de una dispensa literaria (franchise littéraire) comparable con la libertad científica. Sin embargo, el tribunal no confirmó esta idea. Por el contrario, la sentencia reafirmó la distinción entre las obras médicas, por un lado, que gozan de inmunidad cuando se dirigen a un pequeño círculo de pares y estudiantes, y a las obras literarias o de arte, por el otro lado, que no escapan de las restricciones legales a la libertad de expresión (cf. Simonin 2008: 658–69).

El creciente enfoque en una concepción objetiva de responsabilidad en un contexto de liberalización extendida de la imprenta (en especial desde la década de 1970) se puede interpretar como una forma de reconciliar el principio democrático de libertad de expresión y la protección del interés público (protección de la juventud, protección de las minorías contra los ataques racistas) y los derechos individuales. Asimismo, permite revertir la distinción entre la representación y la apología del delito postulada por la defensa, como muestra el acuerdo entre el gobierno y la editorial en el reciente caso de la novela de Nicolas Johns-Gorlin Rose Bonbon (2005), que presenta a un pedófilo hablando en primera persona: se distribuyó envuelta en celofán para evitar que los adolescentes la consultaran en los estantes de las librerías.

El mismo año, otro autor que hacía su debut, Éric Bénier-Burckel, y su editorial Flammarion fueron demandados por incitación al odio racial y religioso, insulto público con dimensión racial, ofensa a la dignidad humana y distribución de un mensaje pornográfico que podrían ver menores de edad en su novela Pogrom, que muestra a un protagonista antisemita que también habla en primera persona. En este caso, el tribunal estableció con claridad una distinción entre apología y representación, considerando que ‘la creación artística requiere de una libertad del autor quien puede expresarse sobre temas consensuados así como sobre temas que molestan, escandalizan o preocupan’ (cit. Tricoire 2007: 7).

Sin embargo, la concepción subjetiva de la responsabilidad del escritor reaparece cuando se trata de personas reales, como se puede observar en los casos recientes de acusación por difamación y violación a la privacidad. Un famoso caso reciente de difamación es el juicio al escritor Mathieu Lindon y el editor Paul Otchakovsky-Laurens. Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional, los demandó por difamación, por la novela irónicamente titulada Le Procès de Jean-Marie Le Pen (1998). En esta novela, que enfrenta a una agrupación antirracista con los militantes del Frente Nacional, Le Pen es comparado, por personajes ficcionales que pertenecen al primer grupo, con el ‘jefe una banda de asesinos’ y un ‘vampiro’ que bebe la ‘sangre de sus votantes’. Se lo acusa de ser la verdadera persona responsable del asesinato cometido por un joven militante del Frente Nacional, debido a su influencia y su adoctrinamiento. El autor y el editor fueron condenados dos veces: una vez en 1999, por el Tribunal de Grande Instance de Paris, y una vez en 2007, por la Corte Europea de Derechos Humanos, ante la que apelaron. Sin embargo, cuatro de los magistrados de la Corte Europea publicaron opiniones disidentes con respecto al veredicto. Consideraron, entre otras cosas, que el tribunal no tomó lo suficientemente en cuenta la dimensión ficcional. De forma que, en este caso, a diferencia del anterior, las distinciones entre apología y representación y entre el autor y los personajes no se consideraron relevantes.

La libertad de expresión también puede entrar en contradicción con otro principio democrático: el respeto a la privacidad, que es un derecho individual (Artículo 9 del Código Civil). Con el desarrollo del género autoficción, parece haber aumentado la cantidad de acusaciones. Compararé brevemente dos casos de demandas: el de Camille Laurens y el de Christine Angot.

A Camille Laurens la demandó su exesposo por no respetar su privacidad después de que ella publicara L’Amour, roman (2003), que es acerca de su separación. El Tribunal de Grande Instance de Paris desestimó el caso, considerando que ‘Camille Laurens no invadió la privacidad de su esposo’ y que el uso de un primer nombre real no basta para suprimir de esta obra (oeuvre) el ‘carácter ficcional que la dimensión estética confiere a todas las obras de arte, que desde luego se basa en la experiencia de vida de la autora, pero que también se procesó a través del prisma de la memoria y, en materia literaria, de la escritura’ (cit. Audran 2003).

Por el contrario, Christine Angot y su editorial Flammarion fueron condenadas en mayo de 2013 por haber invadido gravemente la privacidad de la expareja de la compañera de Angot, Elise Bidoit, en la novela llamada Les Petits. Esta invasión fue considerada excepcionalmente perjudicial para Elise Bidoit, a quien Angot retrató como una ‘persona manipuladora’ de una ‘manera maniquea’. Esta representación no se podría separar del interés personal de Angot (Robert-Diard 2013).

En estos casos, la ficción no podía ser invocada como tal en defensa de las escritoras, dado que ellas afirman la veracidad de la narrativa (aunque no en todos sus detalles). Sin embargo, los argumentos empleados en los dos casos subrayan la capacidad o incapacidad del autor para transformar los materiales tomados de la experiencia de vida a través de la escritura y la estilización y para elevarlos a un nivel de generalidad y ejemplaridad que trasciende la experiencia individual. Dicha capacidad se reconoció para Camille Laurens pero no para Christine Angot. Durante el juicio de Angot, los jueces insistieron en el hecho de que los litigantes por invasión a la privacidad podían entorpecer la libertad de creación solo si la invasión era muy seria, lo que demuestra su voluntad de encontrar un acuerdo entre los dos principios democráticos y de evitar que la sentencia sentara un precedente para todos los casos futuros. La sentencia contra Angot explicó que la autora no podía pretender ‘haber transformado a esta persona real en un personaje expresando una “verdad” que le pertenece como producto de su “trabajo de escritura”, dado que esta representación, desde luego imaginaria, se implantó en numerosos elementos de la realidad de la vida privada de Elise Bidoit que se le revelan al público’. Por lo tanto, la ficcionalización no es, en sí misma, una condición necesaria ni suficiente para eludir la ley que protege la privacidad.

Hubo otro hecho que tuvo que ver con estas decisiones: el comportamiento previo de los litigantes. Mientras que el abogado de Camille Laurens, Me Roland Rappaport, pudo demostrar que el exmarido había aceptado hasta ese momento ser nombrado en las obras de su esposa, e incluso aparecía como tal en los medios, Elise Bidoit ya había demandado a Christine Angot en 2009 por su libro anterior, Le Marché des amants; finalmente se había llegado a un acuerdo entre la autora y la litigante. En consecuencia, el nuevo caso se juzgó como una reincidencia (AFP 2013; Ferrand 2013).

Todos estos casos contemporáneos demuestran la importancia de las intenciones del autor, es decir, de la responsabilidad subjetiva. También muestran los nuevos límites de libertad de expresión y de creación en democracia, así como los límites de la autonomía literaria. La justificación de estos límites se trasladó, históricamente, desde la defensa de la religión y la monarquía en la Restauración borbónica hacia la defensa de la propiedad y la familia durante el Segundo Imperio, luego hacia el interés nacional bajo la Tercera República, y hacia la protección de la juventud y de los derechos individuales en el período contemporáneo. Durante este último período, la imprenta se fue liberalizando progresivamente y el gobierno reconoció, al menos en parte, la autonomía de la literatura. La concepción de los dos círculos de lectores desapareció (aunque aún sigue vigente en los estudios sobre la lectura) y se reemplazó por la distinción entre lectores jóvenes y adultos, que se usaba y todavía se usa con fines similares. Durante la Tercera República, en el contexto de crecimiento del número de lectores, la responsabilidad subjetiva se convirtió en menos importante que la responsabilidad objetiva gracias al paradigma de la degeneración y a la introducción del concepto de ‘obscenidad’. Si bien después de la guerra los juicios de depuración reafirmaron la primacía de la responsabilidad subjetiva para el delito de traición a la patria, concebido como una acción racional, la práctica de la prohibición desarrollada como un enfoque objetivo de la responsabilidad evitó todo debate gracias a la ley de 1949 sobre la protección de la juventud. El existencialismo del escritor y el nouveau roman reflejaron las dos concepciones opuestas de la ética profesional del escritor, lo que redefinió la responsabilidad del autor de una manera autónoma, distinta de la responsabilidad legal: el primero representa el ejemplo más paradigmático de la definición subjetiva, mientras que el segundo se centra en los aspectos objetivos de la escritura. La responsabilidad subjetiva ha vuelto a aparecer desde la década de 1990 en el contexto de demandas presentadas contra escritores por litigantes que se reconocieron a ellos mismos en una obra literaria, exponiendo la tensión entre la libertad de expresión y los derechos individuales en un régimen democrático. En Francia, la libertad de creación (y, por lo tanto, la autonomía literaria) no se considera distinta de la libertad de expresión, a pesar de los intentos por reclamar derechos específicos de creación (Tricoire 2011). No obstante, como resultado de la lucha de escritores y artistas por el reconocimiento de la autonomía literaria, en la práctica, los jueces han tenido en cuenta la calidad literaria desde 1945, menos como una circunstancia atenuante que como justificación de un acercamiento específico a los textos, sin evitar ambigüedades sobre qué se puede considerar una obra de arte y qué no.

*El capítulo forma parte del libro Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court (2016), Grüttemeier, Ralf (ed.), NY-Londres: Bloomsbury.

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Notas de la autora

1 Este capítulo es una síntesis de Sapiro (2011), excepto la última sección que trae material nuevo. Todas las traducciones del francés me pertenecen, a menos que se indique lo contrario.
2 Stenography of Herold-Paquis’ trial, 17 de septiembre 1945, Archives René Bluet, AN: 334 AP 15, p. 39.
3 Henri Béraud, ‘Mémoire à l’intention du juge d’instruction’, 4 de noviembre 1944, Dossier Henri Béraud. Archives Nationales.
4 ‘Procès-verbal de l’interrogatoire’, 6 de julio 1945, Dossier Abel Hermant. Archives Nationales.
5 ‘Note de Lucien Rebatet sur Les Décombres’. Dossier Lucien Rebatet. Archives
Nationales.
6 Henri Béraud, ‘Mémoire à l’intention du juge d’instruction’, 4 de noviembre 1944, Dossier Henri Béraud. Archive Nationales.

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